Todo parecía indicar que Marine Le Pen disputaría el Elíseo por cuarta vez en 2027, pero una sentencia judicial podría interponerse en su camino. Al fin y al cabo, la malversación de 7 millones de euros ha quedado bajo la lupa de la justicia, y la fiscalía pide prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Hasta qué punto es real la amenaza que se cierne sobre la dirigente nacionalista?
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Si echamos la vista atrás a la carrera política de Marine Le Pen, se podría decir que ha progresado de una manera poco apresurada pero también imparable. Desde obtener el 18% de los votos en las elecciones presidenciales de 2012, pasando por el éxito en las europeas y llegar dos veces a la segunda vuelta en sucesivas campañas presidenciales, hasta romper el techo de cristal en las elecciones parlamentarias y romper el "cordón sanitario" en torno a su formación.
El frente republicano bloqueó la victoria electoral de Unidad Nacional (RN), pero los 141 diputados nacionalistas constituyen una fuerza lo suficientemente seria como para que el nuevo Gobierno de Michel Barnier dependa del apoyo de Le Pen. El centro-derecha ha reconocido a la derecha radical como mejor socio que la izquierda y ha puesto fin así a la práctica del aislamiento. La guinda del pastel para Le Pen sería, naturalmente, ganar la presidencia en 2027, pero no sólo los rivales políticos, sino también el poder judicial podrían interponerse en el camino.
Contabilidad creativa de la líder nacionalista
Las investigaciones relacionadas con las actividades de Marine Le Pen durante la etapa de la (entonces) líder del Frente Nacional como eurodiputada se arrastran desde hace una década. La Fiscalía francesa se interesó por la contratación ficticia de asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016, que sirvió para recaudar fondos adicionales para el partido de extrema derecha. Según los investigadores, a lo largo de doce años, como resultado de una "malversación sistemática y organizada de dinero público", más de veinte militantes del FN malversaron cerca de 7 millones de euros.
Si el tribunal declara a Marine Le Pen cómplice de este delito y accede a la petición de la fiscalía de una multa de 300.000 euros y cinco años de cárcel (tres de ellos en suspenso), será el fin del sueño presidencial de la líder nacionalista francesa, al menos en un futuro próximo. Sobre todo teniendo en cuenta que la pena de prisión iría acompañada de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y que también se prevé la aplicación provisional de esta última pena.
Esto significaría que, incluso en caso de apelación, Le Pen seguiría sin poder presentarse a las elecciones hasta que se oyera y posiblemente fuera absuelta. Los jueces franceses habrían mostrado aquí mucha más decisión que los estadounidenses, muy conservadores en el caso de Trump, retrasando el veredicto y permitiendo de hecho al republicano llevar a cabo una exitosa campaña presidencial, a la que el proceso en curso no ha perjudicado.
Juicio penal o político?
Le Pen, siguiendo el ejemplo del presidente electo de EEUU, sostiene que es completamente inocente y que el juicio en curso es puramente político. Se espera que los jueces y fiscales que defienden al establishment hagan lo que Macron y otros políticos no han conseguido: impedir que la líder de la derecha radical llegue al poder. Aunque desde entonces RN ha devuelto a regañadientes un millón de euros al Parlamento Europeo, los activistas del partido niegan que esto constituya una admisión de culpabilidad.
Existe una especial indignación ante el riesgo de que se le prive de presentarse a las elecciones presidenciales antes incluso de que se conozca el recurso, lo que, según los partidarios de Le Pen y ella misma, supondría una represión sin precedentes. La política habla de "pena de muerte política" y compara el comportamiento de la justicia francesa con las prácticas de los regímenes autoritarios.
Sin embargo, si se yuxtapone el posible veredicto en el caso de Marine Le Pen con otras sentencias judiciales sobre malversación de fondos públicos, se comprueba que el castigo sugerido por la fiscalía no es especialmente duro. En los últimos años, cualquier persona condenada por este delito ha sido además inhabilitada para ejercer cargos públicos, por lo que el posible abandono de esta medida representaría incluso una clemencia excepcional por parte de los jueces hacia el líder de Unidad Nacional.
¿Hay un Bruto al acecho en la RN?
Bastante inesperada en el contexto del juicio en curso a Le Pen ha sido la declaración de Jordan Bardelli, que dirige formalmente RN desde hace varios años y ha sido tipificado como el sucesor de Marine. Y es que el joven eurodiputado anunció que nadie que haya sido condenado válidamente por un tribunal de justicia se presentará a las listas del partido. Algunos consideran que se trata de un momento inoportuno, mientras que otros lo ven como una estratagema deliberada de la estrella emergente de la extrema derecha francesa.
La declaración de Bardelli podría interpretarse como una creencia en un resultado exitoso para Le Pen en el juicio, pero bien podría estar afilando los dientes para sustituir a su mentor en la próxima campaña presidencial, y una posible condena le facilitaría significativamente las cosas. El presidente de RN debería recordar, sin embargo, que cuando, en 1998, el entonces número dos de los nacionalistas, Bruno Mégret, intentó utilizar los problemas judiciales de Le Pen padre para hacerse con el timón del partido, la cosa acabó en desastre para él y su marcha al olvido político. Esta es una de las razones por las que Bardella preferirá ir a lo seguro, esperando tranquilamente su turno.
Por el momento, Marine sigue siendo la favorita para representar a RN en las próximas elecciones, y una de las principales candidatas, si no la principal, para sustituir a Emmanuel Macron en el Elíseo. Como ha demostrado Estados Unidos, los juicios no son un problema para los políticos de la derecha radical. Al menos mientras no terminen en un veredicto de culpabilidad, y los jueces franceses pueden resultar menos amables; en el caso de Le Pen, probablemente podamos esperar nuevos acuerdos a principios del próximo año.
